Legislacion alimentaria

Lyana Alvarado Villegas y  Javier Monge Rodríguez

Socios Ecolegal Abogados

En Costa Rica cumplir con la legislación ambiental representa un reto para muchas empresas. No se trata únicamente de cumplir requisitos, sino de entender por qué existen, la tendencia de sus promulgaciones, y cuáles son los impactos al negocio. ¿Cumplir o incumplir? ¿Me afecta o no? ¿Realmente hay sanciones? Todos estos cuestionamientos deben tomarse en cuenta como un factor adicional en la toma de decisiones.

El aumento de la contaminación de los ríos, suelos y aire ha generado en las últimas décadas la preocupación de los gobiernos por preservar y mantener los recursos naturales como garantía de la supervivencia a largo plazo.

El año pasado, el Ministerio de Ambiente -a través de su Sistema Integrado de Trámites y Denuncias Ambientales- como ente rector de la conservación de los recursos naturales nacionales recibió 119 denuncias por aprovechamiento ilegal de aguas; Además, desde el 2013 al 2016 recibió 146 denuncias por contaminación por residuos y 200 por invasión de zonas de protección de ríos.

Producto de dichas denuncias y de la conciencia ambiental que se ha ido consolidando, existe actualmente un conjunto de normas ambientales que regulan las actividades de una empresa en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, como lo es la disponibilidad y aprovechamiento del agua, del suelo y del aire.

 Es frecuente encontrarse a los empresarios enfrentados ante la obligación de cumplir tales normas con la dificultad de acoplarla con los plazos, presupuestos, metas, y otros requerimientos. Sin embargo, lo importante es tener claro si la situación es generada por una verdadera urgencia o “momento de negocio”, o por no conocer de previo lo que debía cumplirse, es decir, por una “falta de previsión legal”.

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Ante una “falta de previsión legal” es de suma importancia que en el futuro la empresa conozca el entorno regulatorio ambiental corporativo, de lo contrario, la planeación de los proyectos siempre tendrá un componente de “azar”, que a la larga, en la mayoría de los casos, repercutirá en un impacto negativo financiero para la empresa, y es en donde suelen salir a la luz preguntas como: ¿por qué no lo previeron?, ¿por qué no se advirtió sobre esto?

No es ajeno que a más de una empresa el desconocimiento o inobservancia de estos requerimientos operacionales de orden ambiental “le haya pasado la factura”, en términos de atrasos en proyectos, multas económicas, inversiones en infraestructura no presupuestadas, riesgos de cierre, denuncias penales, entre otros.

Debido a lo anterior, y siendo la industria alimentaria uno de los sectores de mayor dependencia de los recursos naturales como materia prima en sus productos, resulta imprescindible que conozca el entorno regulatorio que le compete en materia ambiental.

Regulación dispersa sobre el agua

Uno de los recursos más importantes para la industria alimentaria es el agua potable. En lo que respecta del acceso o disponibilidad del agua como recurso natural, esta se encuentra regulada de una manera dispersa y deficiente, en múltiples normativas que controlan su aprovechamiento, consumo, así como potabilidad, tratamiento, reúso y, por último, vertido final.

En primera instancia, la Ley de Aguas número 276 emitida desde 1942 es la Ley base para utilizar el agua de forma directa en los procesos productivos a través de las concesiones de aprovechamiento de pozos, quebradas, ríos, y otros cuerpos superficiales otorgadas por la Dirección de Aguas, órgano estatal dependiente del Ministerio del Ambiente para administrar el Recurso Hídrico en todo el territorio nacional.

En Costa Rica el agua es de dominio público, es decir, no es de nadie, sino de todos, y el Estado por medio de la Dirección de Aguas confiere una concesión de uso (no un derecho).

El uso ilegal del agua sin concesión, o bien, teniendo concesión y suministrarla a terceros, constituye el delito de Usurpación de aguas, el cual es sancionado por el ordenamiento jurídico nacional en el artículo 226 del Código Penal, y estipula prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, “con propósito de lucro: 1). Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; y 2) El que de cualquier manera estorbare o impidiere el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.

Por otra parte, existe legislación para regular la potabilidad del agua a utilizar ya sea para consumo humano o como parte del proceso productivo de alimentos. Los parámetros y análisis que se consideran para demostrar la potabilidad del agua están en el Decreto 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable publicado en el Alcance 69 de La Gaceta 170 del 1 de setiembre del 2015.

En lo que respecta de lo estipulado en el manejo y vertido de las aguas residuales (industriales y/o negras), es necesario remitirse principalmente al Decreto 33601 Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales publicado en La Gaceta el 19 de marzo del 2007. En esta norma, se regulan los parámetros permitidos de descargas de las aguas residuales, los reportes operacionales sobre estas descargas, los análisis, bitácoras, entre otros. El incumplir con estos requerimientos genera riesgos de cierre de la planta de proceso, e incluso el delito de contaminación de aguas para sus representantes legales y posibles pagos por daños ambientales del recurso hídrico.

Residuos sólidos

Otro tema de relevancia es el manejo y disposición de los residuos sólidos. La Ley de Gestión Integral de Residuos Número 8839 publicada en La Gaceta el 13 de julio del 2010 establece un marco general de obligaciones, multas y responsabilidades para los generadores de residuos, funcionarios públicos, y los gestores de residuos (personas físicas o jurídicas que tienen como negocio el reciclaje, tratamiento, disposición final de residuos).

Define tres categorías de residuos: ordinarios, especiales y peligrosos. Cada una de esta categorías tienen legislación especial, como por ejemplo, el Decreto 36093-S Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios publicado en La Gaceta del 16 de agosto del 2010; Decreto 38272-S Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial (La Gaceta del 24 de marzo del 2014); el Decreto 39760 Oficializa la Estrategia Nacional para la Separación , Recuperación y Valorización de Residuos (La Gaceta del 23 de agosto del 2016); el Decreto 37788-S-MINAE Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos publicado (La Gaceta del 18 de julio del 2013), entre otros.

Lo importante en este tema es que cada empresa debe contar con su Programa de Manejo de Residuos y con gestores que les manejen sus residuos, y dichos gestores deben estar registrados ante la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.

Adicionalmente al tema de aguas y de residuos, es imprescindible conocer y cumplir otras normas, como las relacionadas con el impacto ambiental en las construcciones (nuevas, ampliaciones y remodelaciones), el manejo de los productos químicos, las emisiones al aire, calderas, hornos indirectos, tanques de combustible, manejo de derrames de hidrocarburos, precursores, zonas de protección de quebradas, ríos, nacientes, manejo de recursos forestales, arqueológicos.

Si bien conocer este universo de requisitos no es tarea fácil, es indispensable para la sobrevivencia de la empresa, en especial porque este tipo de legislación está en crecimiento, y esto crea nuevos requerimientos que derivan en cambios en procesos, ajustes de presupuestos, entre otras acciones necesarias para mantener el funcionamiento las operaciones de la empresa.