En las últimas semanas, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)se ha enfocado en emprender acciones contra propuestas de nuevas regulaciones legales, las cualesbuscan impactar negativamente al sector de alimentos y bebidas, generando distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de un sector estratégico en el desarrollo económico de Costa Rica, como es el sector de gran consumo alimentario.

La tendencia de organismos regionales por achacar a los alimentos, y no a los hábitos de las personas, los padecimientos crónicos no transmisibles como diabetes y obesidad, provocan enfoques distorsionados que se materializan en la promoción de proyectos de ley carentes de bases técnicas y científicas, y con insaciable ánimo recaudatorio.

 Desde mediados de este añose encuentraen la corriente legislativa un proyecto (expediente 20.144) cuyo planteamiento se limita a cargar con más impuestos a la industria de las bebidas azucaradas, con el propósito de destinar lo recaudado a cubrir los gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en medicamentos y vacunas de alto costo para esa entidad.

El sector de las bebidas no alcohólicas, al cual hoy se le pretende cargar dicho impuesto, realiza ya un aporte extraordinario, adicional y diferente al que realiza el resto del sector pagador de impuestos. El aporte actual de este sector, según leyes especiales (Simplificación y Eficiencia Tributaria y Ley INDER), es superior a los ¢45.343 millones.Este monto equivale a más de la tercera parte del presupuesto en medicamentos de la CCSS.

Carlos Antillón, asesor legal responsable del monitoreo de regulaciones públicas de CACIA, explicó que en el contenido del proyecto: “No queda claro en ninguna parte el origen de los cálculos relativos a las tasas propuestas, ni una justificación medianamente razonable del monto pretendido de ¢10.000 millones. LaContraloría General de la República al ser consultada por la comisión legislativa, hace ver que el proyecto carece de estudios que expongan la realidad actual del sistema de adquisición de medicamentos, y que demuestre que los recursos actuales le resultan insuficientes a la entidad de seguridad social. De hecho, el órgano contralor lesrecuerda a los diputados que ya existe un sorteo de lotería anual creado por ley, que tiene como fin destinar los recursos obtenidos para la compra de medicamentos de alto impacto financiero, por lo que carece de justificación la creación de otro impuesto específico”.Lo anterior según quedó especificado en el oficio DFOE-SOC-0418, del 18 de abril 2017, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

A lo largo de muchos años las debilidades de la CCSS en la administración de medicamentos, han sido señaladas tanto por medios de comunicación que han documentado el mercado negro de venta de medicinas en las calles y parques de la capital, como por el comité de expertos creado para afrontar la crisis de la CCSS hace algunos años. Tampoco hace referencia el proyecto, a ninguna de las recomendaciones en el sistema de compras y almacenamiento que hace el informe de los especialistas, que son realmente reveladoras en cuanto a manejos de los medicamentos en la institución.

“Es injusto, desequilibrado e irrazonable, que un problema de ineficiente abastecimiento de medicamentos que sufre un grupo de pacientes de la CCSS, sea cobrado a un solo grupo empresarial, conformado en su gran mayoría por microempresa. Perjudica la competitividad de la industria de bebidas y de manera especial, genera una carga sobre los consumidores, que ya cotizan desde sus salarios a la seguridad social”, afirmó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de CACIA.

Según consta en informes de la Contraloría General de la República y en el informe del equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del seguro de salud de la CCSS, es falso y demostrable, que el deficiente abastecimiento de medicamentos a un grupo de la población, se debe a carencias financieras por parte de la CCSS y a la descentralización de la compra de medicamentos.

Solo a manera de ilustración, en el año 2016 un informe elaborado por el Programa Estado de la Nación (Primer Informe del Estado de la Justicia) deja en evidencia el bajo impacto financiero que generan las decisiones judiciales de la Sala Constitucional sobre la entrega de medicamentos a los asegurados. Por lo anterior estimamos que el argumento, de que la “judicialización de la salud” impacta financieramente a la CCSS no es sostenible.

Por tales motivos, CACIA ha llevado una agenda de seguimiento a este proyecto.