Desde agosto del año 2016, la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa estudia el proyecto de ley 20.076 denominado “LEY MARCO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”,el cual propone imponer limitaciones a las exportaciones de alimentos, ingredientes o materias primas que utiliza la industria costarricense de alimentos y bebidas, según el artículo 52 del expediente 20.076.

El texto del proyecto plantea la cesión de competencias metodológicas y científicas que son potestad del Estado, (SFE, SENASA, ministerio de Salud) a grupos colectivos de la sociedad civil, como activistas, ambientalistas e indígenas entre otros, mediante la creación de figuras llamadas “Comités Ciudadanos de Control”y “Sub Concejos Cantonales de Seguridad Alimentaria”quienes con competenciasabstractas dadas por ley, incidirían en la toma de decisiones sobre el acceso, calidad e inocuidad de los alimentos que consume la población de un cantón, dotándoles de legitimación activa para judicializar cualquier conducta, que en criterio de dichos colectivos sea contrario a sus creencias, lo cual generaría una evidente inseguridad jurídica sobrecomercios y empresas, que a su vez repercutiría en los consumidores.

El proyecto pretende que los 82 cantones del país, posean 82 modelos diferentes de organización en una materia tan delicada como lo es la producción, la inocuidad y el consumo de los alimentos. Esto implicaría, entre otros riesgos, una restricción a la libertad de comercio y libertad individual, estableciendo, por ejemplo, moratorias o vedas de realizar determinadas labores productivas en terrenos particulares de manera obligatoria o prohibir el consumo o importación de alimentos y productos esenciales para la industria alimentaria nacional.

Por otra parte, el proyecto incorpora la intención de intervenir la publicidad de los alimentos como elemento adicional a la pretensión de violentar libertades individuales y comerciales.

De acuerdo con el abogado Carlos Antillón, profesional de CACIA que da seguimiento a la idea, el proyecto “es el inicio de una estrategia para desmantelar el comercio libre de alimentos, para encausar los sistemas alimentarios hacia una visión proteccionista, y de cierre de fronteras comúnmente llamada soberanía alimentaria, lo anterior basado en una figura llamada “Principio del mercado en armonía con la seguridad alimentaria y nutricional”, el cual es creado en el texto del proyecto. En setiembre anterior CACIA, junto con otras cámaras afines y organizaciones de agricultores que también adversan la idea, explicó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, encargada de la revisión del proyecto, el daño y la inseguridad jurídica que sufrirá el sector, si se respalda esta Ley. El Ministerio de Comercio Exterior recientemente también expresóen un informe, los problemas que se derivan del proyecto, los que podrían generar confrontación con los compromisos multilaterales que el país posee ante la Organización Mundial del Comercio, así como a nivel regional y bilateral en los diferentes tratados de libre comercio firmados”. Esto según elOficio DM-COR-CAE-0538-2017 enviado el 13 de octubre 2017.

Otro de los problemas que contiene el texto en estudio, es la pretensión de modificar las funciones del Laboratorio Costarricense de Metrología, (LACOMET) introduciendo una reforma al artículo 9 a la ley del Sistema Nacional para la Calidad, para que las municipalidades realicen funciones de inspectores de calidad e inocuidad alimentaria, así como evaluar la conformidad de los alimentos y constatar metrología, con la dificultad de que son labores especializadas ajenas a su competencia y sin personal capacitado ni la logística adecuada.

Para las industrias de alimentos de Costa Rica, la Seguridad Alimentaria debe ser estudiada y normada partiendo de conceptos, principios y procedimientos que tengan como objeto, la regulación de los mecanismos que garanticen el acceso a los alimentos, permitiendo a los ciudadanos una sana alimentación procedente de cultivos y plantas procesadoras con estándares sanitarios; en donde se proteja la salud en cada etapa del proceso de producción, desde el campo hasta el consumidor final, previniendo la contaminación de los comestibles y fomentado su higiene, información alimentaria, la salud de animales y vegetales, así como mecanismos de abastecimiento ante desastres naturales que pongan en riesgo el acceso a los alimentos.

En criterio del licenciado Antillón:“La industria alimentaria es respetuosa y cumple con las regulaciones que emanan desde autoridades públicas, entiéndase ministerios de Salud, Economía y Agricultura, en materia de etiquetado, publicidad e inocuidad de los productos que llegan a los hogares de los costarricenses.

 En Costa Rica el abastecimiento y calidad de la comida procesada o importada dentro de los canales formales de comercialización, posee niveles de los que debemos estar orgullosos, ya que cumplimos parámetros de seguridad alimentaria que permiten a las personas llevar a sus mesas comestibles sanos y seguros”.

Para CACIA, cualquier iniciativa de ley debe ser interpretada, integrada y delimitada en su aplicación, facilitando el libre comercio de alimentos y garantizando por medio de evaluaciones científicas o técnicas,objetivas e independientes, altos niveles de protección al consumidor, priorizando el transporte, almacenamiento, la importación y exportación de materias primas y alimentos en resguardo de la protección de la población con el propósito de prevenir y controlar las enfermedades y abordar los riesgos de manera coordinada entre las autoridades zoosanitarias y fitosanitarias.

Actualmente, el proyecto sigue en estudio en la comisión de Agropecuarios, y con el debido seguimiento por parte de CACIA.