Los empresarios de la industria de alimentos y bebidas están viviendo una coyuntura de gran trascendencia ante las iniciativas y regulaciones que se han dado en los últimos años para combatir los índices en padecimientos de enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad.

Dichas propuestas, en su gran mayoría, lejos de presentar un abordaje integral a la problemática de salud, tienen un enfoque que recae en el consumo o procesamiento de alimentos, dejando de lado otros factores, como es el sedentarismo.

En Costa Rica, al igual que otros países de Latinoamérica, estas propuestas han proliferado, promoviendo la creación de nuevos impuestos, la incorporación de etiquetados frontales e incluso las prohibiciones de venta de ciertos productos; haciendo inclusive clasificaciones sin sustento científico.

Uno de los casos que más ha causado alarma no solo entre industriales, sino en la academia, es el sistema NOVA. Este modelo declasificación ha sido debatido por su falta de rigurosidad científica, sus enumeradas inconsistencias y es el responsable por acuñar la palabra alimentos “ultraprocesados” en relación directa con una afectación en la salud.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria ha sido vehemente en su posición de que el abordaje de esta problemática de salud, no solo debe ser con los alimentos procesados. Sin embargo, cuando se trate de productos de alimentos y bebidas, las iniciativas y propuestas, tales como el sistema NOVA, deben tener criterio técnico y base científica, donde sean los profesionales técnicos quienes prevalezcan en la discusión.

Así las cosas, y en el entendido del papel que tiene esta industria en la economía nacional, donde participa aportando alrededor de 55 mil empleos directos, en esta edición de Alimentaria nos enfocamos en explicar, de la mano de especialistas en tecnología de alimentos, cómo y por qué el sistema NOVA no debe ser una herramienta para que se elaboren leyes y reglamentos.