Por Carlos Antillón, Asuntos Jurídicos y Gobierno de CACIA.

Tal y como lo relata la fábula griega, al contar el significado de la espada colgante sobre la cabeza de un cortesano llamado Damocles, el debate político sobre la ilegalidad de huelgas en servicios esenciales y que afectan a la colectividad nacional, inevitablemente nos remite a conocer los alcances del artículo 350 del Código de Trabajo, que describe de manera llana y sin mayor esfuerzo interpretativo, las condiciones que legitiman activamente al ministerio de Trabajo, (MTSS) a instaurar en sede judicial la petitoria de disolución de aquel sindicato, que ejecute hechos de violencia sobre las personas o la propiedad.

La puesta en marcha del mecanismo depende exclusivamente del MTSS, probando a los jueces de Trabajo que hay circunstancias de modo, tiempo y lugar que dan mérito a que la agrupación sindical que consienta la lesión de bienes protegidos por la legislación sea disuelta.

La fundamentación de esa petitoria en un caso de violencia sindical, es un tema transversal a varias disciplinas del derecho, ya que la estrategia que se defina ante estrados, involucra aspectos de orden laboral, administrativo, civil, constitucional y penal.

Podría pensarse que es física cuántica, pero en realidad puede que no. El Código Penal (art. 263 bis) mediante reforma aprobada finalizando la Administración Rodríguez Echeverría, describe la acción del bloqueo de vías públicas para impedir la circulación de transeúntes y vehículos, con un tipo penal objetivo que impone castigo de hasta 30 días de cárcel.

Sepa el estimado lector no versado en derecho, que el libre tránsito está garantizado por la Constitución Política, -esa misma que le permite a usted hacer con su vida lo que le plazca, siempre que no lesione los derechos de otros- de ahí que la Sala Constitucional  condenó a los cuerpos policiales en las sentencias 15220 y 15221 ambas del año en curso, por su inacción en los últimos bloqueos.

Se comprobó una omisión absoluta de la función de vigilancia, seguridad y protección, ya que las autoridades encargadas de ejercerla no actuaron para impedir la perturbación del orden público, y concretamente los desmanes que se sucedieron en las carreteras y que lesionaron los derechos de terceros que son las que acuden a la Sala en resguardo de sus derechos. Esas sentencias, al tener condenatoria en abstracto en “daños y perjuicios”, permite a las personas que buscaron ese Alto Tribunal, solicitar en un proceso Contencioso Administrativo ser resarcidos económicamente por parte del Estado por los daños causados. Quizás, si los costarricenses nos acostumbramos a cobrarle al Estado, cada vez que sus acciones u omisiones producen daño a los administrados, los ministerios reformulen su proceder en casos análogos.

Vemos de manera sencilla como el bloqueo de calles es una conducta con implicaciones penales, que puede tener efectos sobre la existencia de un colectivo sindical, que viola el derecho fundamental al libre tránsito, por lo que es reclamable por cualquier persona, y con mucha razón una autoridad pública -como el MTSS-.

Es así como esa cartera ministerial tiene al frente una oportunidad para desempolvar el artículo 350 del código laboral. El ministro Núñez se equivocaría si argumenta que debe hacer “juicio previo” u órganos directores del debido proceso administrativo, antes de acudir a los tribunales laborales. Primero, porque el interponer proceso ante estrados, no va cambiar el estatus o naturaleza de un sindicato, por la mera acción de redactar una demanda y entregarla al Poder Judicial, y segundo, porque eso significa entre 5 y 10 años de laberinto legal solo para discutir, si se debe o no acusar a un agrupación en tribunales, -algo que el ministerio (y sindicatos)  saben bien-.

El ministerio posee la discrecionalidad que le faculta el numeral 350, pero no posee justificación válida para excusarse de requerir la disolución de un sindicato, cuando ya hay sentencias constitucionales o penales que comprueban actos delictuosos. Hay hechos plenamente demostrados, su relación de causalidad y los perjuicios a la colectividad ciudadana, ¿sobre cuál cabeza pende la Espada de Damocles?