En anhelo de muchos costarricenses, de ver por fin un alto en los abusos sindicales cada vez que provocan una huelga, entre ellos hacerla con todos los gastos pagos, y de paso irse de viaje vacacional, parece al menos -en la teoría- una realidad. Esto es así, ya que la Sala Constitucional hace pocas semanas emitió la sentencia 2019- 20596, la cual atiende una consulta hecha por la Asamblea Legislativa en relación con el proyecto de ley 21.049 denominada: “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.

Y es que casualmente, una de las herencias de la tristemente célebre y mal llamada Reforma Procesal Laboral, fue una serie de lagunas legales que al ser confrontadas con la realidad de una huelga, dejaron en evidencia la ausencia de certeza y exceso de creatividad en las diferentes sentencias de juzgados laborales que abordaron las declaratorias de ilegalidad alegadas. Cuando se aprueben finalmente estas modificaciones, los contratos de trabajo quedan suspendidos desde el primer día de la huelga, por lo que el empleador no tiene obligación de pagar salarios. La Sala Cuarta no encontró vicios de constitucionalidad en la disposición que permite al patrono, sea del sector público o privado, no pagarle al trabajador los días que permanezca en huelga. Esto será así, salvo que la huelga sea posteriormente declarada legal por un juez y el motivo que la provocó sea responsabilidad del patrono.

Igualmente la sentencia de los magistrados constitucionales avala la prohibición de huelgas en servicios esenciales tales como hospitales, aeropuertos, suministro de combustibles, energía. De hecho, durante el trámite legislativo la comisión de diputados que trabaja el proyecto requirió el criterio de gremios que representan el sector industrial, siendo que desde CACIA se hicieron recomendaciones que hacían ver que el marco para establecer que era un servicio esencial lo daba la propia Constitución Política como marco básico de derechos fundamentales que le asisten a cualquier habitante de la República.

Otro de los problemas vivido en la huelga del año pasado y que se logra resolver con esta nueva ley, es la actitud de los representantes de los sindicatos de evadir las notificaciones judiciales que dan traslado de la demanda de ilegalidad de una huelga. Para que cualquier juicio pueda arrancar “oficialmente” por decirlo de alguna manera sencilla, se necesita entregar personalmente y contra firma de recibido, la notificación de la resolución del juzgado que da curso a una demanda. Un juicio no avanza hasta que esto ocurra, por esa razón en las experiencias de huelgas recientes, se dificultaba a los notificadores del Poder Judicial encontrar a los apoderados de los sindicatos en las oficinas de esos entes o en sus “lugares de trabajo”. En adelante deberán de acreditar un correo electrónico, y tema resuelto.

Las huelgas contra políticas públicas no podrán extenderse más allá de 48 horas. Son ilegales las huelgas políticas, que son las que no están vinculadas con incumplimientos laborales, y sobre temas que obviamente son ajenos a la relación estrictamente laboral. Si tomamos como ejemplo la ley del plan fiscal que se discutió durante la segunda mitad del 2018, que polarizó al país y generó huelgas, bloqueos y afectación en la cotidianeidad de muchos trabajadores y patronos del sector privado, precisamente ese tipo de movimientos sociales reclamando una determinada actuación gubernamental, -no imputable a un patrono- no podrán ir más allá de 2 días.

Finalmente un punto sobre el que desde CACIA se levantó la bandera, y que tiene que ver con el artículo 350 del Código de Trabajo que faculta al ministerio de esa cartera, solicitar a las autoridades judiciales laborales la disolución de un sindicato si se incurre en hechos violentos contra la integridad física de las personas o la propiedad de terceros. En este importante y a la vez pocas veces aplicado numeral, los diputados intentaron agregar un párrafo adicional que permitía solicitar la disolución, si un cabecilla era condenado penalmente por un delito en el desarrollo de una huelga. Los magistrados estimaron que conductas personales de dirigentes sindicales no podían ser usadas como causal para poner candado a un sindicato. Esta posición de los Altos Jueces contrasta con la que a inicios de los años ochenta aplicaron los entonces magistrados de la Sala Segunda, que conocían de las petitorias de disolución que en aquellos años tramitaba el gobierno de Rodrigo Carazo contra gremios en Limón. Una muestra más de que el derecho no es estático y se va ajustando así vayan mutando las sociedades civilizadas.

Carlos Antillón Morera
Abogado, Regulaciones Públicas
CACIA