Por Carlos Antillón Morera

Asuntos Públicos y Jurídicos, CACIA

En las últimas semanas posiblemente usted ha escuchado y leído en los medios, la oposición generalizada de destacados académicos y juristas que apuntan a la dudosa constitucionalidad del proyecto de Ley. El tema no es nuevo y desde la anterior Administración (2014-2018)  ya el sector empresarial, en términos generales había solicitado ver con detalle y cuidado los efectos sobre el derecho a la propiedad privada y los derechos adquiridos de los ciudadanos. Sin entrar en los detalles y tecnicismos legales de la redacción del texto que conoce la Asamblea Legislativa bajo el expediente 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, intentaré explicar de manera simple la figura, y su entorno. Al final una breve opinión personal, para que el estimado lector haga su propia conclusión.

El desarrollo de la figura de Extinción de Dominio, que en palabras sencillas equivale a que una persona pierda la propiedad de un bien que tenga, se ha desarrollado -no sin polémica- en naciones con rica tradición normativa tales como México, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Perú entre otros. Se instauraría la confiscación civil de bienes de propiedad privada (carro, casas, lotes, dinero) provenientes de un origen ilícito, como un instrumento de política criminal. Sus defensores aducen que no se amenaza derechos -de propiedad- lícitamente obtenidos, pero sus detractores en Costa Rica alegan que eso no se refleja en la interpretación gramatical del proyecto, lo anterior independientemente de que pueda ser considerada un arma vigorosa en la lucha contra la delincuencia organizada y en el combate a la corrupción.

Para entenderla mejor, hay que desligar los matices civiles/administrativos de la extinción de dominio, del garantismo vinculado al procedimiento penal originado por la comisión de un delito, por ello es que para despojar a un individuo de su propiedad, no es necesario acreditar la comisión de un delito, pues la carga probatoria será para el que se ostente como “propietario”, debiendo acreditar la procedencia legítima del bien. Por ejemplo, un secuestrador que adquiere una propiedad fruto del dinero -del rescate- obtenido con su actividad delincuencial, nunca ha consolidado un verdadero derecho de propiedad al amparo de una situación jurídica válida. Ese no es el derecho de propiedad que protege la Constitución Política de Costa Rica.

El derecho de propiedad que viene de la Carta Magna, se hace realidad cuando se adquieren bienes con justo título. No se habla de pérdida porque el delincuente, jamás ha adquirido el derecho de propiedad, por eso es la extinción de dominio sobre bienes. Los jueces colombianos afirman coloquialmente que, el bien (la avioneta) debe defenderse por sí misma. Cada bien es un “procesado” al que se le investiga su origen y finalidad.

Con esta reforma en la carga de la prueba cambia totalmente el sentido del procedimiento, al ya no requerir que el Ministerio Público acredite que el bien fue adquirido mediante una conducta delictiva, ya que basta con conocerse que el bien a extinguir, se utilizó para delinquir o que no se acredite su adquisición con recursos legales. Esta figura jurídica, en la cual hemos insistido, no se analiza la responsabilidad criminal del sujeto, sino el origen de los bienes, consiste en que el Estado obtiene la titularidad de pertenencias, sin compensación y sin condena del acusado, justificándolo en que no hay derecho de dominio por ser ilícito. De este fundamento surge también que se puede aplicar la retroactividad de la ley. En sencillo, ir hacia atrás.

Retrospectividad de la ley. Este punto llamado retrospectividad de la ley, es un fenómeno que se presenta cuando la norma se aplica, desde que entra en vigor, a situaciones que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición normativa. El desarrollo de la retrospectividad en el texto del proyecto es escueto, se limita a la cita de los 15 años, sin desarrollar de previo una definición que facilite su visión. Quizás ello limita comprender el contexto y justifica la desconfianza. Lo que nace ilícito, el transcurso del tiempo no lo legitima. La retrospectividad de la ley, se debe apalancar con normatividad que sea anterior, que haya concedido derechos. En este aspecto, opino que en un Estado de Derecho no debe haber normatividad que conceda “derechos” derivados de hechos ilícitos, así la retrospectividad regularía situaciones proscritas del ordenamiento jurídico de CR. En este elemento el proyecto tiene la tarea de no sucumbir -nuevamente- al filtro de constitucionalidad, ya que se está relativizando la teoría de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.  [1]

Se debe basar en actos contrarios al ordenamiento jurídico, descritos de manera objetiva y nulos de pleno derecho, actos que se realizan sobre bienes adquiridos de forma ilícita. Este debe ser un principio reflejado en la ley, protegiendo derechos de terceros de buena fe, exentos de culpa, y que han obrado con diligencia y prudencia en el negocio jurídico.

Carga dinámica de la prueba. Como si esto no fuera suficiente, la extinción de dominio también trae consigo algo que se denomina carga dinámica de la prueba, o lo que es lo mismo, “dame la prueba y te daré el derecho”, a esto se refiere quienes no apoyan el proyecto de ley, al afirmar que se permite la inversión de la carga probatoria, así quien está en mejor posición de probar un hecho, debe hacerlo. Es una consecuencia jurídica de actividades ilícitas. Eso es la extinción de dominio. Son bienes donde jamás el derecho de propiedad se podrá consolidar. [2]

Los números de la criminalidad y sus fuentes de financiamiento son alarmantes. El derecho penal está corto frente a la delincuencia organizada. Bien lo pueden contar los empresarios afiliados de CACIA que sufren a diario el robo de contenedores que terminan en el mercado negro.

La decisión política del legislador debe apostar por construir un proyecto sin falencias, que logre de manera jurídicamente eficaz y rápida, dar un paso adelante, pero que no afecte el principio de inocencia del que gozan todas las personas.

Sobre patrimonio ilícito no debe haber negociaciones. A los delincuentes poco les importa la cárcel. El desapoderamiento de la riqueza ilícita, puede ser una herramienta valiosa, si se aplica correctamente, si hay operadores bien capacitados, reglas claras, en resumen seguridad jurídica. No se discute la urgente necesidad de combatir criminalidad organizada que es ahora transnacional, así como sus múltiples mutaciones. Enfrentan los señores diputados una disyuntiva, y parece ser que de momento no existe un consenso sobre qué camino seguir.

[1] «…considera que el principio de irretroactividad, al igual que los demás relativos a los derechos o libertades fundamentales, no es tan solo formal, sino también y sobre todo material, de modo que resulta violado, no solo cuando una nueva norma o la reforma de una anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al amparo de la dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del derecho o situación que ella misma consagra.»  Sentencia 1147-90 Sala Constitucional.

[2] La teoría de las ‘cargas dinámicas’, genera un cambio de concepción porque pasa del ‘quien alega debe probar’ al ‘quien puede debe probar’. La nueva visión reasigna la responsabilidad de la prueba en quien se halla en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de realizarlo y no en función de quien simplemente invoca el hecho. http://grupohisca.com/2016/11/28/jurisprudencia-la-carga-dinamica-de-la-prueba-onus-probandi/