El pasado mes de octubre la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, voto positivamente una reforma a varios artículos de la Ley General de Salud, (expediente 21.131) que pretende en términos generales ampliar las competencias de los médicos veterinarios para regular, registrar, prescribir y despachar medicamentos de uso exclusivo para animales, así como los psicotrópicos y estupefacientes. Esa propuesta designa al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y no al Ministerio de Salud como la autoridad administrativa competente para todos los medicamentos veterinarios.

De especial interés para CACIA, resultan las pretendidas modificaciones que el proyecto de ley pretendía introducir para los artículos 199 (párrafo segundo) y 221 de la Ley General de Salud. Es de vieja data conocida, el conflicto que muchas veces enfrentan los industriales de alimentos de origen animal, en cuanto al límite de competencias entre el ministerio de Salud y SENASA. También es un tema recurrente el debate sobre, donde sí y donde no, es necesaria la presencia del veterinario. Tanto el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica como el ministerio de Salud mostraron a los diputados su oposición al proyecto, e incluso la cartera ministerial, según recoge el dictamen de la comisión legislativa, “señala que la argumentación planteada en la exposición de motivos no es suficiente para justificar todos los cambios sugeridos. Considera la iniciativa como gremialista en favor de los médicos veterinarios por encima de otras profesiones.” Folios 159-169. (Destacado no es original)

El proyecto además del tema químico/farmacéutico, también intentaba legislar (modificar) los artículos 199 y 221 de la ley General de Salud, y volver a revivir el conflicto de competencias entre Salud y MAG en relación con los establecimientos que procesan alimentos. Los artículos 221 y 216 de la Ley General de Salud regulan el mismo contenido que los artículos 6 y 57 de la Ley SENASA, a saber la potestad autorizadora -de índole sanitario- a la que se encuentran sometidos los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y a la industrialización de productos derivados de animales. En el año 2012 con la emisión del decreto 37025-MAG-S, denominado “Reglamento de Coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en lo que concierne a la autorización para el funcionamiento de los establecimientos de alimentos”, se procede a zanjar la división de competencias entre esas carteras, -reconocimientos recíprocos- pues había un traslape de competencias que afectaba a establecimientos de alimentos, al no tener claro ante cual autoridad sanitaria estaban sometidos. De esa manera se generaba certeza sobre cuales establecimientos de alimentos requerían el Certificado Veterinario de Operación (CVO del MAG) y cuales el Permiso Sanitario de Funcionamiento, (PSF del M de Salud).

Regresando al proyecto ley, el texto inicial creaba regencias veterinarias más allá de los establecimientos dedicados a la industria de alimentos cárneos de las diferentes especies, para incluir dentro de la competencia de los veterinarios, todos los locales dedicados a la elaboración o transformación de productos de origen animal, destinados al consumo humano. Esto implicaría situaciones carentes de lógica ya que se obligaría a locales comerciales, tales como sodas, hoteles, restaurantes, heladerías, entre otros -que actualmente están bajo competencia del ministerio de Salud- a tener que obtener una regencia veterinaria, además de tramitar un Certificado Veterinario de Operación, junto al Permiso Sanitario de Funcionamiento del ministerio de Salud. Es así, como al artículo 199 se le quería introducir un párrafo donde se establecía que “…Los productos de origen animal, que se destine al consumo de la población y sus subproductos deberán, además, ajustarse al reglamento y comercializarse en establecimientos autorizados por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).” (Destacado no es original)

Por su parte en el artículo 221 la reforma buscaba que, los establecimientos dedicados a la industrialización, elaboración o transformación de productos de origen animal, destinados al consumo de la población, necesitaran tener regencia médica veterinaria autorizada por el colegio respectivo y Certificado Veterinario de Operación otorgado por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Suena ilógico, ¿cierto? Si estoy equivocado, que me corrijan.

Afortunadamente estos 2 artículos fueron excluidos y no serán reformados. En resumen se impulsaba crear regencias veterinarias que actualmente no contempla ninguna ley, y colocar bajo competencia del SENASA, actividades industriales que actualmente regula el ministerio de Salud. En CACIA siempre se ha cuestionado el rol de las regencias veterinarias y la extralimitación al intentar abarcar labores que no les han sido concedidas por la legislación, o peor aún, la generación de duplicidad de competencias, duplicidad de costos y desarmonización de los modelos de verificación ya existentes y de los cuales el país puede tener certeza funcionan correctamente en aras de la seguridad alimentaria de la población.

Carlos Antillón Morera
Abogado, Regulaciones Públicas
CACIA