Durante el pasado Food Pack Summit 2025, organizado por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), Carlos Antillón, abogado a cargo de regulaciones públicas de la organización, expuso sobre la realidad local en cuanto a las tendencias regulatorias vigentes y aquellas que se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Antillón comentó que el entorno regulatorio en Costa Rica no es estático, sino que está en constante evolución. En muchos casos, la vida útil de la legislación es muy breve, lo que obliga al sector a mantenerse en alerta y adaptarse continuamente a los cambios normativos que surgen en la agenda legislativa.

El expositor explicó el estado actual de la “Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente”, número 9786, aprobada el 26 de noviembre de 2019, destacando, entre otros, lo que aún está pendiente como su implementación:

  • Aunque la ley daba 6 meses para emitir su reglamento, este se elaboró hasta 2023, cuatro años después.
  • Ese reglamento no fue operativo: solo repite partes de la ley, sin aportar detalles prácticos.
  • En 2023 se prometió emitir reglamentos técnicos en 6 meses, pero aún no están listos (ya es 2025)

Luego, se refirió a dos proyectos de ley actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa: la Ley de Economía Circular en Costa Rica y la Ley para declarar las botellas plásticas de un solo uso como residuos de manejo especial.

«El primero de esos proyectos de ley fue presentado hace aproximadamente un año y medio, y lo que plantea es ampliar el ámbito de aplicación de lo que se entiende por residuo de manejo especial. Esta definición, a su vez, impone obligaciones de forma transversal a prácticamente todas las actividades del mercado. Toda actividad dentro del comercio formal —no solo en alimentos y bebidas— está en la mira de esta iniciativa. Según palabras de sus proponentes el día de su presentación, este proyecto de ley busca cambiar el modelo económico del país”, comentó Antillón. 

Con respecto a la Ley que busca declarar las botellas plásticas de un solo uso como residuos de manejo especial, Antillón advirtió que la normativa de 2019 aún no se ha implementado completamente, y que este nuevo proyecto representa una ‘versión 2.0’ de esa legislación.

“Esta nueva propuesta busca declarar las botellas plásticas de un solo uso como residuos de manejo especial, aplicando el principio de responsabilidad extendida del productor. Esto implicaría que no solo el fabricante, sino también distribuidores y comercializadores, tendrían que instalar puntos de recolección en sus locales, como ya ocurre con llantas, baterías o aceite de carro. Además, el proyecto introduce el principio de “quien contamina, paga”, trasladando los costos del manejo de residuos a quienes los generan. También establece metas obligatorias de recuperación del 60% de botellas y sus componentes, incluyendo tapas, las cuales deberían estar adheridas al envase, siguiendo estándares ya aplicados en Europa. A diferencia de la ley anterior, en esta no hay opciones: se deben cumplir varias obligaciones de forma simultánea”, manifestó. 

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